Adieu et à jamais, Florence

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Su mirada apunta ahora hacia una libertad llena de cuestionamientos.

Si la justicia se tratara de cobrar venganza, no sería justicia, sería una suerte de Ley de Talión donde todos nos sacaríamos los ojos antes de salir de la caverna, donde sólo los tuertos serían capaces de conocer el camino hacia la verdad. Podría estarse enjuiciando a un pacifista impoluto como Mahatma Gandhi, o al peor de los genocidas como Adolf Hitler, pero el principio básico de justicia en ambos debe radicar en la custodia de sus derechos humanos, en que haya una protección imparcial de sus garantías individuales, tal como está ordenado en la gran mayoría de las constituciones de los Estados contemporáneos.

Después de mucho procrastinarlo, después de que Felipe Calderón le haya bajado la cortina y poco tiempo después de que cambiaran los gobiernos de los dos países involucrados, México y Francia, que vivieron tensiones en sus relaciones diplomáticas con graves consecuencias, el caso de Florence Cassez encontró una solución. Hoy, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio visto bueno, por votación de 3 magistrados a favor por 2 en contra, al proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero para conceder un “amparo liso y llano” que liberaría de su sentencia a la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, que cumplía 60 años de prisión por el delito de secuestro. Con unos cambios de último minuto, basados en el proyecto anterior del ministro Arturo Zaldívar, logró alcanzar la mayoría necesaria para avalar ese proyecto, la cual pudo darse con el voto del incipiente ministro Alfredo Gutiérrez.

Diciéndolo con frialdad, Cassez no fue liberada por ser inocente de los delitos que le inculpaban, sino por la corrupción del sistema judicial mexicano que no le garantizó el derecho a presunta inocencia y que no la presentó ante la autoridad inmediatamente después de su detención, prestándola ante la sed sensacionalista de los medios televisivos, atropellando sus derechos fundamentales. El hecho de que esta escandalosa controversia haya sido llevada a las salas del máximo tribunal de nuestro país es una clara muestra de que los procesos legales son flagrantemente evanescentes, donde no se conocen sino medias verdades amañadas por procesos deformes. Visto desde este punto de vista, su expareja, Israel Vallarta, líder de la banda de Los Zodiacos, podría acceder también al mismo recurso; para bien y para mal, sus presuntos cómplices no fueron objeto de presión internacional y tensiones diplomáticas, pero tampoco fueron rehenes de la esquizofrénica simulación televisiva del recién concluido gobierno panista.

Más allá del hervidero de opiniones de las redes sociales, donde la francesa es vista en medio de contrastes que están dividiendo la opinión pública entre quienes se indignan de nuestro marco jurídico y quienes deseaban la prisión definitiva de Cassez, debemos discutir las consecuencias que quedarán en la mesa gracias a esta decisión. Si bien la resolución de esta controversia no resolvió la gran pregunta sobre la inocencia o culpabilidad de la acusada, sí establecerá un golpe de autoridad en contra de la orquestación de montajes televisivos relacionados a la detención de criminales, los cuales requieren de la retención ilegal de los personajes acusados de estos delitos.

Sería interesante saber, y es otra pregunta que tenemos necesidad de hacer, el paradero del que fuera director de la desaparecida Agencia Federal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública del sexenio pasado, Genaro García Luna, autor intelectual de éste y otros espectáculos de detención; desafortunadamente, en México los poderosos suelen quedar sin reprimenda ante sus errores, y conociendo la historia, ésta no será excepción. Mientras Cassez viaja en estos momentos rumbo a París y Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace y demás acusadores de la francesa cauterizan la úlcera que les provocó el fallo de la Corte, los presidentes de ambas naciones, Enrique Peña Nieto y François Hollande, deben haber tomado un gran respiro después de desahogar aquel escabroso asunto que les heredaron.

Nadie puede dormir tranquilo de este lado del Atlántico, los problemas de legalidad en el sistema jurídico mexicano no se escamotearon de la noche para la mañana con esta determinación; es tiempo de trabajar para buscar procesos penales más transparentes y confiables. Si la libertad de una "presunta culpable" que tenía más fundamentos de culpa que de inocencia debe ser el precio para que México haga reformas en el tema de los juicios penales, que ése sea el precio, en la conciencia de los involucrados quedará.