agosto 18, 2010

De adopciones LGBT en el Distrito Federal y la "maiceada" verbal de Sandoval Íñiguez

El Cardenal Juan Sandoval Íñiguez

El pasado diciembre, la legislación de la Ciudad de México permitió los matrimonios entre personas del mismo sexo. El pasado lunes, otro paso fue dado en favor de los derechos de convivencia de la comunidad LGBT.

Por marcador de 9 votos a favor por 2 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente Felipe Calderón, en contra de la legislación capitalina sobre el tema. Tres pájaros de un solo tiro mató este ejercicio de jurisprudencia: Se ratifica el derecho de los homosexuales a casarse y adoptar menores, además de que obliga a los demás estados a reconocer esas uniones como matrimonios.

La respuesta de los dos cabildos catedralicios más notorios del país, el de la Ciudad de México y el de Guadalajara, fue más que predecible, y antecedido por ataques desde el púlpito hacia la "aberrante" conducta de los ministros. Las más graves fueron las de Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, quien llamó a la Corte "suprema decepción", reclamó que sus ministros fueron "maiceados" (sobornados) por el gobierno capitalino y por asociaciones internacionales, y preguntó a los periodistas "si les gustaría que los adoptaran un par de lesbianas, o un par de maricones".

El padre Hugo Valdemar Romero, vocero del cardenal de México, acusó al gobierno "fascista" de Ebrard de perseguir a la Iglesia, y lo llamó un peligro mucho mayor para el país que el narcotráfico, debido a que los abortos practicados en el D.F. son muchos más que los muertos en la guerra contra el crimen organizado.

La respuesta no se hizo esperar: Hoy por la mañana, el gobierno de Ebrard presentó una demanda en contra de Sandoval Íñiguez y contra Valdemar por daño moral. El máximo castigo al que aspiran es a una multa o a ser obligados a disculparse ante los medios. Ya ha librado varias demandas el prelado tapatío.

Es necesario que el gobierno le siente un precedente a la jerarquía católica, la cual no puede apelar a su autoridad moral para atacar al Estado y pisotear la Constitución. Las acusaciones que están realizando estos clérigos son muy graves, y si quieren sostener su postura, deberán hacerlo con valentía ante los tribunales.

No esperemos demasiado de ellos, desafortunadamente no lo harán.

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